El rechazo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos a la apelación Argentina respecto de la decisión del Juez de Nueva York, Thomas Griesa, que concede a los fondos buitre la posibilidad de reclamar el pago del total de los bonos que compraron luego del default, es una resolución que hace explicita la intención de subordinar la soberanía económica de los estados a la voluntad del poder financiero especulativo (Wall Street).

Este fallo de la Corte norteamericana tiene consecuencias económicas, pero se trata de un hecho eminentemente político. Es un fallo que busca disciplinar a través de la Argentina a todos aquellos países que haciendo uso de su soberanía intenten un modelo de crecimiento autónomo.

La experiencia argentina desarrollada a partir del año 2003 desafió al mito fundador del sistema financiero internacional, según el cual no sus hay posibilidad de desarrollo por fuera del mismo. Y nuestro país no solo subsistió, sino que creció a tasas exponenciales por fuera del sistema y cumplió con los pagos de una deuda externa que no había contraído.

Y estos pagos no los hizo refinanciando prestamos que hubieran implicado un mayor endeudamiento (Blindaje – Megacanje), por el contrario generó fondos genuinos propios y con ellos pago los compromisos, esto fue el producto de un modelo de desarrollo del mercado interno con inclusión, generación de empleo y aumento del consumo popular. Una heterodoxia que el sistema no está dispuesto a tolerar.

Frente a este fallo judicial que representa el triunfo del capital financiero especulativo por sobre los estados nacionales, el mensaje de la Presidenta Cristina Fernández ha sido absolutamente claro: nuestro país cumplirá con el 93 % de acreedores que adhirieron al canje de deuda, pero de ninguna manera admitirá mecanismos extorsivos por parte de los demandantes buitres y sus aliados de la justicia estadounidense que se ocupa de que las inversiones especulativas no asuman ningún riesgo con este fallo.

El gobierno nacional ha manifestado en muchísimas oportunidades la intención de incluir a estos demandantes en el canje de deuda. Sin embargo, quienes reclaman ante los tribunales extranjeros, han rechazado una y otra vez esta vocación conciliadora, demostrando la inexistencia de su voluntad de diálogo.

La exigencia de los fondos buitre de obtener un pago en efectivo sobre el total de los bonos equivalente a más de 1300 millones de dólares deja al descubierto su estrategia, porque para hacerse cargo de una transferencia de esta magnitud pretenden que la Argentina deba endeudarse con los mismos organismos internacionales que provocaron su quiebra en 2001 por aplicación de sus “recetas económicas”.

La cancelación de estos más de 1300 millones de dólares promovería la demanda en igual sentido de los poseedores de los restantes títulos que no entraron en el canje, sumando así 15000 millones de dólares con demanda de pago inmediato.

Ésta es la trampa en la que no debemos caer pues buscan atarnos nuevamente a los designios del poder financiero concentrado y carente de toda sensibilidad social, condicionando así las políticas económicas y sociales de nuestra nación. En la búsqueda de una alternativa superadora que proteja nuestra soberanía, debemos remarcar que no hay voluntad manifiesta de la Argentina de mejorar la oferta para aquellos acreedores que no ingresaron al canje, sino que ha quedado obligada por este fallo judicial que  determina que la actualización de deuda, intereses y punitorios deben aplicarse al valor nominal establecidos por los bancos en default, anulando así todo el riesgo de la inversión en bonos que está implícita en este tipo de operaciones siempre, aproximadamente 500 millones de dólares (no sobre los 48 millones de dólares que abonaron los fondos buitre para comprarle los bonos a los tenedores originales).

Ante este nuevo escollo de política exterior, una salida superadora seria refinanciar esta deuda a través de una triangulación con un banco que adquiera esta deuda y nos financie (a través de un nuevo bono). Seria adquirir no solo ese uno por ciento que abarca el fallo sino a todo el siete por ciento restante.

Siguiendo esta estrategia, el 93 % que adhirió al canje seguirá cobrando regularmente lo pactado y no podrán reclamar actualización alguna, pues subrayamos el concepto expresado: no es por voluntad propia que la Argentina deberá abonar el valor nominal actualizado, sino que ha quedado obligada a hacerlo por este fallo de los Tribunales de Norteamérica.

Siempre tenemos que tener muy claro y muy presente, como lo expresó la presidenta Cristina Fernández en su mensaje por cadena nacional, que esta deuda que reclaman los fondos buitre proviene de las políticas económicas desarrolladas por los gobiernos neoliberales desde Martínez de Hoz, pasando por la Convertibilidad de Menem y Cavallo, hasta el Blindaje y el Megacanje del gobierno de la Alianza de De la Rua y Cavallo; políticas diseñadas y promovidas por los centros de poder financiero mundial.

Tampoco debemos olvidar que a través de la llamada “cláusula Martínez de Hoz” (por el apellido del ministro de economía de la Dictadura), se modificó el Código de Procedimientos Civil y Comercial posibilitando que todos los contratos de la deuda externa argentina fueran sometidos a la ley y la jurisdicción del estado de Nueva York, sede de Wall Street. Esta norma rige sobre todos los títulos defolteados en 2001.

Argentina ha defendido, con buen criterio y desde todos los foros internacionales, que un fallo en su contra perjudicaría al sistema financiero mundial en su conjunto, porque anularía la posibilidad de reestructuración de deuda futura para cualquier país que cayera en cesación de pagos. Esta preocupación fue también sustentada por los gobiernos del G 77 más China, el Fondo Monetario Internacional y hasta por el Papa Francisco, que el mismo día que la Corte de Estados Unidos rechazó la apelación de Argentina consideró “intolerable” la injerencia del mercado financiero en la “suerte de los Pueblos”.

Pero el fallo norteamericano tuvo una lógica diferente: castigar y disciplinar a aquellos países que buscan reestructurar su deuda a la vez que habilitar a los grupos financieros para que preserven la deuda externa de los países como herramienta de control del destino de sus Pueblos.

La presente dificultada financiera debe transformarse en una causa de unidad nacional para reafirmar nuestra soberanía, la profundización de nuestro desarrollo con plena Justicia Social Distributiva, la integración regional y la relación, sin subordinaciones de ninguna naturaleza, con todos los países.

Están en juego todas las conquistas populares alcanzadas durante los últimos 15 años en toda la región. Pero los argentinos debemos estar y estamos tranquilos: tenemos una presidenta que nos ha demostrado en todas y cada una de sus decisiones políticas gobernar a favor del Pueblo Argentino, de la soberanía nacional y con justicia social.

Por eso, no nos dejemos influenciar por los economistas, dirigentes políticos y comunicadores sociales que se pasean por los distintos medios de comunicación para provocar un clima de desánimo, temores y desestabilización. Son la “Antipatria”, los “Cipayos” de siempre como los llamaba el maestro Jauretche.

La Argentina que viene seguirá siendo la Patria del crecimiento, con autonomía en el concierto de las Naciones y con Justicia Social.

(*) Diputado provincial del FpV.