LA PLATA, Mayo 19.-(Por Marisa Alvarez) Militantes de rostros cubiertos, montículos de piedras; fogatas en la calle; destrozos de mobiliario urbano; deliberada intención de provocar miedo, volvieron esta semana a las calles de la capital bonaerense. Fue por una situación puntual; formalmente, por una medida judicial, pero volvieron. Y como siempre, hicieron lo que quisieron, hasta que quisieron. El Gobierno sigue anclado en la opción de dejar hacer o terminar acusado de represión salvaje. Pero, aunque extrema, no fue esa movida la única expresión de las turbulencias que brotan y se extienden en la Administración de la Provincia.

La presencia de dirigentes y militantes de Quebracho en las calles platenses tuvo que ver con la orden de la Justicia de detener a cinco delegados sindicales de ATE, en el marco de una causa abierta hace unos meses, cuando fueron denunciados de tomar violentamente la sede de la Dirección General de Educación de la Provincia y de haber arrancado a un funcionario, bajo presión en el marco de esa ocupación, la firma de un “acta de compromiso” de pago de horas extras a los empleados administrativos de esa dependencia. Y tuvo que ver por una situación singular: uno de los delegados detenidos es la esposa del líder de Quebracho, Fernando Esteche.

RECUERDOS DEL FUTURO

Más allá de sus particularidades y de su inexcusable condimento de violencia, sin embargo, el episodio resultó un emergente de una situación sumamente compleja, que tiene como telón de fondo las pujas salariales en la Administración provincial y las tensiones que, en esas pulseadas, genera la debacle financiera del Estado bonaerense, así como las problemáticas sindicales y las debilidades de un gabinete de Gobierno que parece estar atravesando una etapa crítica.

Aquella toma de la sede educativa que terminó en causa penal fue el incidente más agudo de un conflicto que se había expresado, previamente, en una ocupación de once días del mismo edificio motorizada por ATE y otros gremios de estatales, y que fue definida como “pacífica” aunque incluyó empujones e insultos a varios funcionarios y amenazas a la titular de Educación, Nora De Lucía, y a su familia.

En reserva, los dirigentes sindicales admiten que los episodios violentos del año pasado fueron protagonizados por grupos internos a los que no pueden controlar. Y en la semana que pasó masticaban bronca porque, en su criterio, el accionar de Quebracho, lejos de ayudar, complicaba la pelea por la liberación de los delegados detenidos. Pero en público guardan un silencio que termina avalando la estrategia de los aprietes y que, además, tiende a confundirlos a ellos mismos con esas actitudes.

En ese contexto, De Lucía volvió a recibir en la semana que pasó amenazas a su familia. Eso fue lo que le dijo a Daniel Scioli el jueves, cuando le planteó que hasta allí había llegado su gestión. Por ahora, sin embargo, seguirá en su despacho. En la Gobernación admiten que no encuentran “reemplazo”.

Es que las estribaciones de la crisis del año pasado con el sector administrativo distan de ser la única caldera encendida en el área de Educación. En los dos meses y medio cumplidos de este ciclo lectivo, los docentes ya realizaron ocho jornadas de paro, en el marco de un conflicto salarial que revela la ineficacia con que es encarado desde el Gobierno.

El viernes vencieron los 15 días de conciliación obligatoria que los gremios docentes acataron y que los funcionarios plantearon como un tiempo necesario para buscar una solución, o al menos la apertura de una negociación. Pero ese plazo se venció sin siquiera una reunión con los sindicalistas, o la elaboración de una propuesta para retomar la discusión.

La pregunta sobre si fue una maniobra para ganar tiempo y apenas demorar dos semanas otra explosión del conflicto, se torna obligatoria. Como se hace necesario preguntar quién trabaja en la búsqueda de una solución. ¿El ministro de Trabajo? ¿La ministra de Economía? ¿La titular de Educación? ¿Cada uno de ellos debe aportar diagnósticos y decisiones? ¿Quién coordina, la jefatura de Gabinete?

El resultado de cualquier modo es demoledor: el tiempo de la conciliación pasó sin que nada se hiciera, sin que aparecieran siquiera ideas para encarrilar el conflicto. Podría decirse, con razón, que lo que falta es plata para otorgar el aumento que los docentes reclaman. Pero todo el capítulo educativo trasunta una dificultad para las respuestas que parece superar la cuestión de los recursos y amenaza con estar creciendo en el gabinete sciolista.

OTRA MUJER CON UN PIE AFUERA

Un gabinete alcanzado, por lo pronto, por las turbulencias y ciertos aires de cambios. Además de la intención de De Lucía de dejar la conducción de Educación y la ausencia de alguien que acepte sentarse en su sillón, en la Gobernación se evalúa un cambio en el ministerio de Economía.

En una cartera que ha tenido conductores que, desde el manejo de las finanzas, imponían políticas y acciones en los restantes ministerios -por allí pasaron, con ese poder de manejo más allá de sus aciertos y errores, Rodolfo Frigeri, Jorge Remes Lenicov, Jorge Sarghini, Gerardo Otero-, su titular actual Silvina Batakis no ha podido -o no la han dejado- sumar resolución política a su trabajo técnico. En las decisiones económicas del gobierno de Scioli pesan por estos tiempos los “aportes” de dos ex titulares del área, Rafael Perelmiter y Alejandro Arlía, del ex recaudador Santiago Montoya y del secretario general de la Gobernación, Luciano Di Gresia, posible sucesor éste último de Batakis si ella encuentra un destino electoral y el Gobernador resuelve empezar a mover piezas en el tablero de mando.

El paisaje de la Administración provincial, por lo demás, se completa con un rebrote de los reclamos laborales que se expresan en protestas callejeras. Los judiciales y los médicos de los hospitales públicos acumulan semanas con varios días de paro y los conflictos “particulares” empiezan a florecer en ministerios y secretarías.(Fuente: EL DIA)