LA PLATA, Abril 08.-(Por Marisa Alvarez) Un temporal que se pareció mucho más a un tornado que a las tormentas que conocemos los bonaerenses se abatió esta semana sobre una extensa región de la Provincia. Un fenómeno climático inusual arrasó barrios de nuestra región y del oeste y el sur del Conurbano, dejando una secuela de muerte y devastación. Once muertos, miles de familias sin vivienda y un caos urbano provocado por la caída de miles de árboles y postes fue el saldo bonaerense de un vendaval que los climatólogos todavía están tratando de desentrañar, y que sumó otras cinco víctimas fatales en zonas de la capital federal.
Pero la tormenta dejó a la intemperie también -otra vez- las deficiencias de los servicios públicos. La magnitud devastadora del temporal constituyó, sin duda, un atenuante para las tres concesionarias que dan el servicio eléctrico en las regiones afectadas. Pero aún así, tres días o más para restituir la prestación en cientos de barrios reflejan la precaria capacidad de reacción y la escasa eficiencia de esas empresas. Y en algunos municipios fue también lento e insuficiente el auxilio del Estado que recibieron familias que perdieron todo, empezando por la casa.
Vino a mostrar también el temporal cierta comprensible reducción de la paciencia de sectores sociales para esperar la asistencia del Estado y la respuesta de las empresas de servicios. Y se puso en evidencia la creciente opción de la ciudadanía por los cortes de rutas y calles para expresar los reclamos. La ola de piquetes que inundó la capital de la Provincia y el Conurbano vino a complicar la vida de miles de ciudadanos pero no sirvió para apurar, que se sepa, los trabajos de Edenor, Edesur y Edelap para devolverles la luz a los perjudicados por la tormenta.
OTRO TIPO DE TEMPORALES
La temporada de turbulencias se extiende, por lo demás, para la administración provincial en planos que hacen a su funcionamiento básico. El gobierno logró cerrar acuerdos salariales con sectores clave como los docentes y los empleados de los ministerios. Pero el conflicto por el aumento de los sueldos en la Justicia mantiene paralizados los tribunales desde hace semanas y está alcanzando una virulencia inusitada que se ha traducido en acciones que deberían sorprender -aunque ya pocas cosas sorprenden a alguien- cuando las cometen justamente agentes de la Justicia: bloqueos de los accesos a la sede la Corte y los juzgados civiles, y piquetes callejeros.
Completando el cuadro, la época de tormentas y vendavales en "la política", que empezó en realidad hace meses, mostró en los últimos días signos de persistencia y aún de agravamiento. Temporales que -ya se ha dicho aquí pero no sobra recordarlo-, por desarrollarse en el seno del oficialismo, provocan fuertes cimbronazos en cuestiones institucionales y gubernamentales.
La embestida contra el gobernador Scioli de los sectores ultrakirchneristas que desde diciembre mandan en la Legislatura registró esta semana un nuevo capítulo con las durísimas declaraciones del vicegobernador Gabriel Mariotto sobre la situación de los detenidos en cárceles bonaerenses, nuevamente un área que depende del ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal.
Mariotto suele reprochar que se "interpreten" como movidas políticas sus dichos sobre Scioli, aún cuando suelen ser críticas expresas y poner en tela de juicio políticas del Gobernador. Y en este nuevo capítulo, resulta indiscutible que el Vice hace lo que corresponde cuando denuncia situaciones gravísimas en una cárcel que constató personalmente. Lo que resulta difícil de no visualizar como una jugada es que, tras esa constatación, el Vicegobernador deje pasar cuatro días hasta que un periodista que lo acompañó en la visita al penal publique esas situaciones y luego el propio Mariotto las explaye en declaraciones periodísticas, sin haber expresado nunca antes esas denuncias al propio Gobernador.
Por lo demás, Amado Boudou, en su andanada de críticas y acusaciones, dejó el jueves definitivamente en claro que el pedido de informes sobre las contrataciones del Estado bonaerense con la empresa Boldt no fue producto de un legítimo interés de los diputados K por conocer a fondo cómo se maneja el juego en la Provincia, sino un instrumento en la estrategia de defensa del Vicepresidente ante la Justicia que, como complemento, siembra sospechas sobre decisiones del Gobernador.(Fuente: EL DIA)
