Desde su llegada a la Casa Rosada en 2003, tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández, recuperando la soberanía política, enarbolaron la bandera de mejorar la distribución del ingreso para beneficiar a los sectores populares, que habían sido los más afectados por las políticas neoliberales que estallaron en 2001.

La lista de medidas adoptadas para lograr una mayor equidad social es muy amplia, constituyen verdaderas políticas de Estado y tiene como hitos centrales la Asignación Universal por Hijo, la movilidad anual jubilatoria, la incorporación de más de 2 millones de jubilados al sistema, el programa Conectar-Igualdad y ahora el Programa Progresar anunciado el miércoles 22 de enero por la Presidenta y dedicado a sectores jóvenes vulnerables en extremo (“los hijos del neoliberalismo”) para que puedan estudiar y tener un proyecto de vida.

Es esta una lista incompleta pero que refleja claramente esa decisión política de alcanzar una distribución más justa de la riqueza que se genera en nuestro país, en un contexto donde los sectores concentrados de poder buscan por todos los medios evitar esa transferencia de recursos.

Para lograrlo los poderes fácticos (las corporaciones) tienen por estrategia tres líneas principales: la desestabilización económica, la erosión de los apoyos gubernamentales y el desorden en la calle (“la inseguridad”).

Las tres líneas se  suceden amplificadas por la prensa hegemónica y convergen en un punto imaginario, el de la creación de un clima de absoluta ingobernabilidad. Es en este contexto destituyente se desarrolló el jueves 23 de enero una millonaria maniobra especulativa por parte de la corporación petrolera holandesa, comprando dólares a un precio muy superior al de mercado, a través de los bancos City, Francés y HSBC, poniendo así un precio de referencia para impulsar la escalada del dólar, provocando la fuerte devaluación del peso y dar un golpe de mercado, en consonancia con actores locales que especulan con la liquidación de exportaciones.

Con este proceder, las corporaciones proponen que la suerte del poder (y el destino de los argentinos) se dirima en el campo financiero, con las reglas que ellos imponen tal como sucedió en 1975-1976 (Rodrigazo y dictadura), en 1989 (Hiperinflación) y 2001 (quiebre de la convertibilidad y pesificación asimétrica), por lo tanto el debate en la Argentina actual es mucho más que tal o cual medida económica, parcial o sectorial. Lo que vuelve a estar en cuestión es definir quien toma las decisiones, si es el poder político elegido por la voluntad popular o si lo hacen las corporaciones. Y según quien tome las decisiones quedará determinado cuales demandas sociales se atenderán y cuáles no, quienes deben ser beneficiados y quiénes no.

A diferencia de lo sucedido en 1975-76, 1989 y 2001, el gobierno nacional ostenta la voluntad política, ya bastante extendida en el tiempo, de mantener no solo un rumbo político sino también un discurso que no hace concesiones en las cuestiones cardinales que conciernen a ese rumbo.

La potencia del proyecto político que empezó en 2003, el peso estructural de sus acciones y el acompañamiento de los militantes populares, expresan muy claramente esa voluntad política de no entregar el timón de las decisiones a los poderosos intereses que fogonean la inestabilidad.

Este proyecto político que ha transformado a la Argentina en la última década, no da un solo paso atrás. Porque el futuro sigue siendo una patria para todos y no una Patria para unos pocos privilegiados que quieren imponer la hegemonía de sus capitales sometiendo al poder político que es la representación legitima de la voluntad del pueblo.