El
diputado provincial del GEN, Jorge
Santiago, presentó un proyecto que se basa en recientes estudios de la
UNLP, y advierte sobre los riesgos que corre la población aledaña al Polo
Petroquímico Ensenada-La Plata.
La
iniciativa, técnicamente una solicitud de informes dirigida al Poder Ejecutivo
provincial, ingresó a la Legislatura por la inquietud de numerosos vecinos tras
el evento ocurrido a comienzos de julio en el Polo Petroquímico, y que tanto
preocupó a la población de la zona y esencialmente a quienes viven en cercanías
de YPF.
El
diputado Santiago quiere saber “si los desechos expedidos el 10 de Julio por el
Polo Petroquímico de Ensenada- La Plata son tóxicos, y en caso de ser
afirmativa la respuesta indicar cuáles son estos desechos y en qué medida son
tóxicos”.
Además,
el legislador oriundo de Rojas desea conocer “si se ha solicitado la actuación
de organismos especializados que indiquen las repercusiones de estos desechos
en el medio ambiente, y en la sanidad de los vecinos”.
Cabe
destacar que la Universidad Nacional de La Plata confirmó, en un reciente
estudio, que el área que se encuentra bajo la influencia del aludido Polo
“sufre contaminación con hidrocarburos”, los cuales suponen un grave peligro
para la salud de la población. Y Considerando que está ubicada en una zona
inundable, altamente poblada y a sólo 10 km de un sector urbanizado, “la
contaminación es aún más riesgosa”, se aseguró.
El
diputado Santiago, que ocupa la Vicepresidencia II en dicha Cámara, quiere
estar al tanto de “si se han realizado regularmente los controles
correspondientes en la infraestructura y funcionamiento del Polo Petroquímico”.
“El
fenómeno de la contaminación no es nuevo -fundamenta la iniciativa-, y tiende a
agravarse. Los vecinos de Ensenada y la zona han expresado y denunciado
reiteradamente la preocupación que les genera el Polo Petroquímico de YPF”.
La
Constitución Nacional, en su artículo 41, legisla el derecho que poseen todos
los ciudadanos de la República a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto
para el desarrollo humano; y al respecto Santiago afirmó que “el Estado tiene
la obligación de preservarlo y/o recomponerlo”.
Por
último, el legislador considera que “la ley especial de Prevención y Control de
la Contaminación Ambiental también prohíbe las actividades que puedan
perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes
del Estado o de particulares o constituir una molestia. Es por ello que el
Estado debe tomar parte en el asunto e intervenir mediante el organismo que
corresponda”.