Por Maxi Pérez (@perezmaxi), corresponsal de NOVA en Casa de Gobierno y Legislatura Bonaerense
La amenaza de judicializar el reclamo salarial que lanzó un gremio minoritario luego del cierre de la paritaria con los trabajadores estatales, terminó siendo un boomerang que le permitió a María Eugenia Vidal romper la huelga de los auxiliares docentes y finalmente comenzar las clases en un puñado de establecimientos educativos que estaban virtualmente paralizados por la medida de fuerza.
A través de una resolución el Director General de Cultura y Educación de la provincia, Alejandro Finnochiaro, autorizó la contratación de empresas privadas para realizar las tareas de limpieza y cocina en las escuelas públicas de la provincia y de esta manera, el reclamo del Sindicato de Obreros de Minoridad y Educación (Soeme), le permite al gobierno disponer de una herramienta fabulosa para atenuar el efecto de los paros del personal no docente.
La medida fue avalada por el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 16 a cargo del juez, Enrique Gorostegui, y además reconoce “el compromiso de la Dirección General de Cultura y Educación para garantizar el acceso inmediato de los menores al ámbito escolar”. Es decir que a partir de ahora, la provincia contará con la potestad de contratar empleados eventuales cuando los auxiliares extiendan una medida de fuerza.
Quizá la caja de pandora que abrió el reclamo de un sector del sindicalismo que hasta ahora se había mostrado cercano al macrismo, allane también el camino para resolver los conflictos en otros ámbitos de la misma manera. Que impediría por ejemplo, contratar empresas de servicios en otros organismos del estado, cuando el gobierno entienda que, como ahora, el reclamo pone en riesgo la prestación para los habitantes de la provincia.
Imaginen por un minuto como serían los hospitales públicos, las oficinas de atención al público de cualquier dependencia y hasta algunas áreas de seguridad, como el Servicio Penitenciario, en manos de empresas privadas, con todos sus servicios tercerizados y con la única responsabilidad del Estado de pagar o cobrar el canon según corresponda.
Por estas horas lo aclaró la vicepresidenta en ejercicio de la presidencia, Gabriela Michetti, que al justificar los tarifazos afirmó que "las cosas que al Estado no le corresponde hacerse cargo, las tienen que pagar los ciudadanos".
No es difícil identificar las cosas que según el modelo político que gobierna le corresponden al Estado y son verdaderamente muy pocas.
Si no hay purga, que sea por lo menos laxante
El titular de Seguridad, Cristian Ritondo, se perfilaba para convertirse en “El” ministro del PRO en la provincia de Buenos Aires, sin embargo los obstáculos de una compleja gestión lo alejan cada día un poco mas de ese lugar.
Sin dudas que lidiar con la bonaerense no es algo para lo que estén preparados muchos funcionarios y según los propios efectivos, el ministro no se encuentra en ese selecto grupo. “No ha tenido grandes aciertos como funcionario” dijo Nicolás Masi, del Sindicato de Policías (SIPOBA), apenas un rato antes de que se oficializara el aumento para los efectivos de la fuerza.
Las palabras del gremialista policial eran la muestra de que el anuncio se hizo de apuro ante el “creciente malestar” en la bonaerense, la convocatoria anónima a realizar una retención de tareas y las amenazas de acuartelamiento que aún persisten.
Es que el principal motivo del enojo generalizado no tiene que ver con los salarios, a pesar de lo cual la falta de precisiones al respecto llevó preocupación a los casi 100 mil efectivos de la provincia, sino con los cambios en la estructura interna que dispuso la gobernadora a contramano de lo que su propio ministro pregonaba al comienzo de la gestión.
A pesar de haber elogiado la creación de los Comandos de Prevención Comunitaria (CPC) y la descentralización iniciada por la gestión de Alejandro Granados, el titular de la cartera de seguridad debió dar marcha atrás sobre sus pasos, suspender las cuadrículas de patrullaje y achicar la cantidad de departamentales apostando a una nueva centralización del control policial.
La resolución ministerial limita en sus funciones a Oficiales de alto rango que ocupaban cargos al frente de superintendencias y coordinaciones departamentales y que no serán reemplazados porque los cargos dejaron de existir.
En términos políticos esta jugada debilitó aún más a Ritondo que ahora no puede ni siquiera garantizar el control de calle en varios distritos de la zona sur del conurbano, como Lomas de Zamora, donde se habla de una “parálisis” de la policía que deja sin protección a las zonas comerciales.
Por eso el funcionario estaría dispuesto a negociar un nuevo orden interno dentro de la bonaerense, intentando un fino equilibrio entre la continuidad de los jefes más dóciles de la gestión anterior y el arribo de oficiales nuevos que considera “propios”.
Por supuesto que oficialmente la orden es negar la existencia de una “purga”, pero no se puede negar que con la desaparición de cargos y la salida masiva de funcionarios, a la policía, por lo menos le dieron un laxante.
