Con
la responsabilidad histórica que nos cabe como autoridades partidarias y
militantes populares, alzamos nuestra voz para decir que en este 1º de mayo los
trabajadores argentinos no tienen nada que festejar. Y esto es así porque
después de casi cinco meses de gobierno de Cambiemos, las malas noticias para
los sectores populares se reproducen diariamente mientras el presidente Macri y
sus ministros se concentran casi exclusivamente en beneficiar a las patronales
agroexportadoras y a las financieras.
Desde
que asumió, el actual Gobierno ha tomado un conjunto de medidas económicas, sociales,
financieras y previsionales que, analizadas en su conjunto, constituyen un
sistemático plan de cambio de patrón de distribución de la riqueza, vulnerando
derechos garantizados por nuestra Constitución, que han causado y seguirán
causando gravísimas violaciones y restricciones a derechos humanos
fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo y la promoción de empleos,
consagrados en diferentes convenios y recomendaciones de la organización
internación del trabajo (OIT).
Los
trabajadores argentinos atraviesan una experiencia ya vivida y que terminara en
una gravísima crisis social, política y económica (con las trágicas jornadas
del 19 y 20 de diciembre de 2001). Esta experiencia hoy reaparece de la mano de
una oleada interminable de miles de despidos de empleados del sector público.
Despidos
a mansalva sin ningún tipo de investigación sobre las tareas que se
desarrollaban en las instituciones el Estado, con métodos policiacos y
persecutorios. Macri y sus ministros desconocen lo que significa para una
familia quedarse sin ingresos.
Bajo
el disfraz de la modernización emprendieron la reducción o el desmantelamiento
de áreas estatales y el vaciamiento de programas de políticas públicas, que
contribuían a regenerar el entramado de la sociedad fortaleciendo el ejercicio
de los derechos ganados.
Además
están desplegando una perversa estigmatización de los trabajadores estatales
acompañada de una persistente discriminación ideológica.
El
bloque de poder económico, que sostiene al gobierno de Macri, coincide en la
meta de redefinir el esquema de distribución de la riqueza que genera la
Argentina, mientras el gobierno del Frente para la Victoria lo había puesto en
debate permanente para lograr una distribución equitativa entre toda la
población, Macri propone la concentración de la riqueza en unos pocos.
Por
eso, detrás de los despidos se descubre el objetivo de determinar otra forma de
organización socioeconómica, de la que se iba construyendo en estos últimos 12
años.
Retroceso
del salario real de los trabajadores y disminución del poder adquisitivo,
debilitamiento del mercado laboral con una tasa de desempleo de dos dígitos
para infundir miedo y evitar reclamos salariales o de mejores condiciones de
trabajo. Esta es la estrategia de neoliberalismo para reconvertir “una sociedad
que se había acostumbrado a comer barato”, como sinceró el ministro de
agricultura de la nación Ricardo Buryaile.
El
objetivo del macrismo es redefinir el rol del Estado en la economía a través de
la desregulación cambiaria del comercio exterior, desregulación de la fijación
de precios, de los incentivos a la inversión privada y a los sectores de
actividad financiera, para que el libre juego de la oferta y la demanda en un
mercado claramente oligopólico, determine la orientación de la economía.
En
definitiva, es un retroceso del rol del Estado en la economía, para delegar esa
dirección en los grupos privados oligopólicos dominantes y esto se observa
claramente en esta ola de despidos de empleados estatales y también en el
sector privado.
Los
economistas de Macri afirman que “los desequilibrios macroeconómicos” se deben
al exceso de consumo interno impulsado por salarios altos y la elevada
inversión pública, a la que llaman “gasto público”, recordemos que las
economías desarrolladas lo son precisamente por el nivel de consumo de sus
habitantes y el nivel de inversión pública de sus Estados.
Entonces,
para abordar estos “desequilibrios” se propone oficialmente disminuir el
salario real con paritarias de entre un 15 y un 25 % cuando la devaluación y
los tarifazos dispararon la inflación por encima del 40 por ciento.
Para
la lógica neoliberal, el ajuste ortodoxo sobre el salario-consumo y el gasto público-dimensión
del Estado, son la única fórmula para restaurar el “equilibrio” donde unas
pocas empresas y unos pocos poderosos se queden con la inmensa mayoría de la
renta nacional.
Por
eso, el propio presidente de la nación ha
expresado que todavía hace falta que el Estado se desprenda de más y más
empleados y ya se ha pronunciado contra el proyecto de Ley Antidespidos.
Los
trabajadores argentinos toman conciencia día tras día que en menos de cinco
meses de la administración Macrista han sufrido la mayor regresión distributiva
desde la recuperación de la democracia en 1983. Porque paralelamente al
desmantelamiento del Estado se aplica una política de desprotección de la
industria nacional.
La
devaluación descontrolo nuestra moneda, la aceleración del aumento de precios y
los inminentes tarifazos en los servicios públicos serán el golpe de gracia
para las pymes y los hogares.
Por
todo esto, repetimos, en este 1º de mayo los trabajadores argentinos no tienen
nada que festejar.
Y
también reafirmamos nuestro compromiso con la cultura del trabajo, la
producción, el desarrollo y la equidad social, pilares para la construcción
definitiva de una argentina sustentable que transite el camino hacia la
Justicia Social.
(*) Diputado provincial
Titular
del PJ de Pergamino
