Por Nicolás Poggi, corresponsal de NOVA en Casa Rosada.

¿Qué pasó? A esta altura, con el conflicto en pleno trance, es difícil precisarlo. No podría decirse a ciencia cierta si la emisión del decreto que estableció bajas sensibles en los salarios de gendarmes y prefectos se debió a impericia, indiferencia o ignorancia. Hoy no tiene mucha importancia. Lo que sí está claro es que ese error administrativo permitió que las fuerzas de seguridad tomaran conciencia de su poder de acción y sumaran al rechazo a esa medida una lista de reclamos históricos: un sueldo básico de 7 mil pesos para las categorías más bajas, el blanqueo de las sumas abonadas de manera informal, la incorporación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) y la “libre elección” de una obra social.

De cualquier manera, se trató de la creación de una crisis. El Gobierno reaccionó rápidamente con la suspensión del decreto de la polémica y el descabezamiento de Gendarmería y Prefectura, pero ya era tarde: la protesta se había extendido a diversas latitudes del país y, con esa celeridad propia de lo inesperado, fueron sumándose a la gesta sectores de la Armada y de las policías provinciales, cada uno con sus propias demandas. Abal Medina reconoció que la liquidación de los haberes había sido “desastrosa”, Nilda Garré se mostró sorprendida; la presidenta Cristina Kirchner no emitió opinión públicamente.

Así, entre la noche del martes y la mañana siguiente ocurrió lo lógico: ruptura de la cadena de mandos y una protesta que por momentos amenazó con salirse de su cauce. No hay que descartar, tampoco, intentos de utilización política: así lo demuestra la diligente reunión de los representantes de las fuerzas con Hugo Moyano. Desde horas tempranas del segundo día desfilaron por los pasillos de la Casa Rosada referentes de La Cámpora y de los movimientos sociales alineados al kirchnerismo, que equivocaron la interpretación del conflicto.

El secretario general de la agrupación juvenil, Andrés “Cuervo” Larroque, deambuló por Balcarce 50 como un fantasma. Casi todo el arco oficialista denunció un intento de golpe de Estado. Una lectura, cuanto menos, desproporcionada: el principal déficit de los camporistas acaso sea su imposibilidad de apartarse de una línea de pensamiento lineal y esquemática. El dogmatismo no siempre es buen consejero, y en ese sentido resulta interesante la observación del periodista José Natanson, que sostiene que La Cámpora, en tanto actor político, debería avanzar con el tiempo en la elaboración de una “agenda propia”.

Más prudente fue el comunicado emitido por la Cámara de Diputados, que llamó a las fuerzas de seguridad a “adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades constituidas”. En eso trabajó el presidente del cuerpo, Julián Domínguez, y apoyaron con su rúbrica representantes de todos los sectores políticos, desde aliados al oficialismo como Carlos Heller hasta opositores furibundos del calibre de Ricardo Gil Lavedra, Alfonso Prat Gay, Federico Pinedo y Patricia Bullrich. Incluso el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, llamó a los uniformados a “volver a sus casas” y permitir que el Gobierno avanzara con la negociación.

Pero los propios suboficiales aclaran que su reclamo es “salarial” y que la democracia no está en riesgo. Aseguran, también, que los puestos de vigilancia están cubiertos. El subsecretario de Seguridad, Serbio Berni, tomó el petitorio en Retiro y prometió responderlo el martes. Nadie va a moverse hasta ese día. Será una negociación ardua, un conflicto de final incierto.

En este punto, el Gobierno pareciera enfrentarse, y de la peor manera, con algunas de sus asignaturas pendientes: luego de casi una década de incorporación de diversos sectores y de reconocimiento de nuevos derechos, los agentes de seguridad siguen desempeñando sus funciones bajo las mismas condiciones de antaño, precarias en muchos sentidos. Es frecuente, por ejemplo, que los agentes de la Policía Bonaerense protesten por estas falencias, como volvió a ocurrir en esta oportunidad. “Nos estamos animando a reclamar después de años de abusos”, graficó a NOVA el secretario general del Sindicato Policial Chubutense (SiPolCh), Carlos Michia.

En declaraciones hechas para esta nota, el dirigente sindical analizó que el malestar en las fuerzas “se percibía” desde hacía mucho tiempo. “Habíamos advertido de la nacionalización de la protesta, se venían dando en distintas provincias –recordó-. Todas tienen las mismas características: lo salarial, las condiciones de trabajo y los regímenes inconstitucionales, que son de la época de la dictadura”, en referencia, según sostiene, a “los deberes y sanciones disciplinarias, que atentan contra la libertad personal y, en la práctica, sólo han servido para abusos”.

Para Michia, los gendarmes y prefectos “fueron subestimados” porque “están acostumbrados a que nunca se quejaban por miedo a las represalias, que de hecho las están ejerciendo”, dijo en alusión al pase a disponibilidad de un grupo de efectivos de Gendarmería, entre quienes se encuentra uno de los voceros de la protesta, Raúl Maza, que primero advirtió que los uniformados abandonarían sus puestos y luego pidió lo contrario. Ese punto, el de las represalias, integra el petitorio entregado a las autoridades.

De todos modos, lo que emerge al calor de estas manifestaciones -y que podría ser una de las salidas a mediano plazo del conflicto- es la posibilidad de la sindicalización de las fuerzas de seguridad. Un postulado incluso del juez Raúl Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema. Sería un cambio de paradigma, el gobierno de CFK volvería a demostrar su capacidad de innovación con el impulso de una nueva discusión, que también se presume ardua.

Lo explica Michia: “Con una organización gremial legalmente constituida, esto no pasaría. Así lo demuestra la experiencia internacional. Ahora hay que tomar medidas extremas para ser escuchados”. El dirigente sureño, que encabeza un sindicato en formación, sin personería, aclara que “el ejercicio de un derecho no constituye ningún delito. No somos desestabilizadores ni atentamos contra el régimen democrático. Lo único que queremos es dignidad laboral”.

Cristina Kirchner está ante un nuevo desafío, inédito, inesperado. En esta relación de fuerzas, su administración deberá decidir en qué puntos cede y en cuáles se planta, como en toda negociación sectorial, aunque no estaba en los planes tener que discutir con los responsables de garantizar la seguridad ciudadana, que a su vez -y precisamente por esa razón-, deben “tener cuidado”, de acuerdo a la observación de otra jueza de la Corte, Elena Highton de Nolasco. Como sea, vivir en Argentina es acostumbrarse a tener un conflicto nuevo todos los días.