LA PLATA, Mayo 05.-(Por Marisa Alvarez) Ni un colchón. Ni una chapa. Ni un paquete de arroz. Hace un mes, la devastadora y trágica inundación que afectó a La Plata encontró vacíos los depósitos del ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Un dato que era apenas el símbolo más contundente de la insuficiencia de fondos que afronta la administración de Daniel Scioli para un funcionamiento básico eficiente. Es que esa realidad se esconde también en datos menos visibles, como los números de ejecución de partidas de programas, obras y acciones de las más diversas áreas de gobierno, que muestran que en esas tareas no se ha utilizado en lo que va del año un solo peso, en la medida que la casi totalidad de los recursos disponibles se han derivado hasta ahora para pagar los sueldos del personal de la Provincia.

La asfixia financiera que sufre la Provincia no es, por cierto, una novedad. Pero ha recobrado trascendencia en las últimas semanas, reactualizada por los reclamos de asistencia, trabajos y obras generados por los daños y pérdidas que les dejó la inundación a miles de bonaerenses. También, por la citada acumulación de servicios sin prestar, bienes sin adquirir y trabajos sin hacer. Y porque el año sigue avanzando sin que aparezcan señales del posible acceso de la Provincia a recursos extras que permitan aliviar en parte el déficit original, que marcó -según el Presupuesto- una previsión de necesidad de financiamiento del orden los 20 mil millones de pesos sin contar el aumento salarial, que superará los 10 mil millones de pesos.

La situación financiera provincial recobró actualidad, asimismo, por la promocionada autorización “a endeudarse” por 1.700 millones de pesos que la Nación emitió en favor del Estado bonaerense, y que incluyó un comunicado de “agradecimiento” del gobierno de Scioli puesto en boca de la ministra de Economía, Silvina Batakis.

Se trató, en realidad, de un aval de la Administración nacional para que la Provincia refinancie -a un plazo que exceda el actual ejercicio y que, por lo tanto, debe tener autorización federal- vencimientos de las Letras de Tesorería que, de lo contrario, habría que saldar en los próximos meses.

Antes de tener precisiones técnicas sobre la operación, algunos funcionarios bonaerenses imaginaron que, con esos 1.700 millones de pesos se podrían hacer obras, entre ellas algunas vinculadas a la inundación de La Plata y su zona de influencia.

Pero no se trata de “nueva deuda”, de mayores fondos a los previstos, ni mucho menos de recursos con asignación específica a obra pública. Obviamente, en las cuentas de la Provincia figura la obligación de saldar esos 1.700 millones cuyo pago ahora podrá ser postergado para el año que viene, generando la disponibilidad de esa previsión para otros fines. Pero no se trata, por cierto, de una real apertura del grifo -vía autorizaciones del gobierno nacional- para que la Provincia pueda salir al mercado a tomar fondos prestados que alivien las estrecheces de sus cuentas.

El gobierno provincial viene gestionando esas autorizaciones desde comienzos de año, pero el aval para refinanciar parte de los vencimientos de las Letras de la Tesorería bonaerense es el primer y único “permiso” conseguido hasta ahora.

El tema, más allá de esa refinanciación de los vencimientos de Letras -el gobierno de Scioli aspira que se concrete la misma operación en el segundo semestre por un monto similar-, es qué volumen de fondos frescos, vía nuevos endeudamientos, estaría necesitando la Provincia.

La reelaboración de los cálculos a esta altura del año en base a la definición de los aumentos salariales y la tendencia efectiva de la recaudación impositiva, señala, según algunas fuentes, que para un funcionamiento básico y la realización de unas pocas obras clave, ese financiamiento extra debería rondar los 18 mil millones de pesos. Y advierten que un ajuste que obligaría a postergar algunas erogaciones importantes pero facilitaría un cumplimiento “normal” de los servicios básicos de educación, salud y seguridad, ubicaría esa cifra en no menos de 12 mil millones de pesos.

Frente a esos números, la Casa Rosada no ha dado señales de estar dispuesta a autorizar a la Provincia tomas de nueva deuda en el mercado, al que la administración nacional, por lo demás, está recurriendo para financiarse organismos, como ocurrió recientemente con la colocación de bonos de YPF.

Por lo demás, hace rato que el gobierno de Scioli archivó dos previsiones de financiamiento extra que había imaginado como posibles al comenzar el año. Una, que fuera el propio gobierno nacional el que le otorgara un préstamo. La otra, que se modificara la ley que dispone el reparto del llamado Fondo del Conurbano entre las provincias, para aumentar la participación bonaerense en esa distribución, congelada desde 18 años. Esa reforma hubiera requerido, para que la mayoría ultrakirchnerista en el Congreso la aprobara, un impulso de la Casa Rosada que no sólo no llegó, sino que desde ese ámbito hubo críticas a un reclamo que fue planteado públicamente en su momento incluso por el propio Gobernador.

Es así como, mientras se reconoce que se necesitarían unos 12 mil millones de pesos extra para que la Administración desarrolle una prestación básica de sus servicios, en la Gobernación se trabaja en la previsión de afrontar lo que resta del año sin esos recursos. Sin un colchón en los depósitos de Desarrollo Social, desde ya.(Fuente: EL DIA)