LA PLATA, Marzo 23.-(Por JOSE PICON)  “Daniel está recaliente”, dicen en su entorno. “El, que a veces prefiere dar vueltas sobre algún tema para evitar una definición, esta vez fue directo y sin vueltas a decir que veía algún trasfondo político en el paro de los docentes”, añaden cerca del mandatario provincial.

La conferencia de prensa que encabezó Scioli junto a varios de sus ministros luego del fracaso de la instancia mediadora que ensayó la Defensoría del Pueblo y los incidentes que terminaron con forcejeos, insultos y el piedrazo que impactó en la humanidad de la ministra de Economía Silvina Batakis, fue por demás reveladora de la profunda preocupación que existe en el gobierno bonaerense por la marcha de un conflicto salarial que completó una nueva semana sin clases.

Gestos adustos, muecas nerviosas y las lágrimas que recorrieron la mejilla de la funcionaria agredida, pintaron el clima de tensión que se vive en el Ejecutivo. Desde anoche, sin embargo, puede que ese ambiente haya empezado a mutar a partir del fallo de la Justicia en lo Contencioso Administrativa de La Plata que obliga a los gremios a deponer las protestas y dar comienzo el martes al ciclo lectivo.

Pero a pesar de esa buena noticia para el oficialismo, en la Gobernación siguen tomando cuerpo las sospechas de que “alguien” está o estuvo detrás, empujando la huelga de los maestros. Señalan que la oferta salarial que para algunos docentes llegará al 30,9% pero que para otros no pasará el 22%, es el máximo esfuerzo que las finanzas bonaerenses pueden soportar, y que los gremios lo sabían pero aún así se mantuvieron inflexibles en sostener las protestas.

 Los docentes contrapusieron la dramática frialdad de los números. Un maestro que recién se inicia terminará ganando en septiembre, cuando cobre la totalidad del aumento, 4.700 pesos, y aunque el gobierno sostenga que el 40% de los maestros vaya a terminar percibiendo entre 9 y 12 mil pesos, ese salario inicial se da de narices con el incesante aumento de los precios.

Las sospechas oficiales que vinculan a los paros con una supuesta operación para esmerilar a Scioli y su candidatura presidencial, no tienen norte fijo. Algunos apuntan a Sergio Massa y su cercanía con un hombre de confianza de Roberto Baradel, el titular del gremio docente Suteba.

Pero otra fuentes prefieren apuntar a la Casa Rosada. “El gobierno nacional no hizo nada para evitar los paros, dejó que corrieran y ni siquiera cerró su propia paritaria”, se quejaban cerca de Scioli, que aparece pagando el costo político por no poder abrir las puertas de las escuelas públicas.

CRUCES CON UN MINISTRO

 La sucesión de hechos delictivos, en tanto, sigue sin proponer tregua. Y en ese contexto de profunda sensibilidad, el Ejecutivo vio terreno fértil para renovar la embestida en busca de vencer resistencias en el propio oficialismo y lograr que se apruebe el proyecto de creación de las Policías Locales.

El ministro de Seguridad Alejandro Granados comandó la ofensiva durante un encuentro con diputados del oficialismo. Y esa visita dejó expuesta la enorme preocupación de los legisladores por el avance del delito que se corporizó, incluso, en fuertes contrapuntos con el funcionario.

Testigos del cónclave dijeron que Granados debió escuchar los reclamos de la diputada Karina Nazabal, la esposa del intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez. Jaqueado por la delincuencia que se asentó en su distrito, el jefe comunal tuvo que tragar saliva frente a los lógicos planteos vecinales. Y su esposa, le pasó la factura a Granados.

“Llamamos y no nos atienden y encima la Provincia no paga la becas y el plan Envión para los jóvenes no funciona”, dicen que estalló la legisladora al hacer un análisis macro de la inseguridad. Cuentan que no fue la única queja. Y que ante otros planteos sobre el funcionamiento de la policía, Granados los cortó en seco.

“Yo no viene acá a hablar de la Bonaerense”, disparó. Y enseguida afirmó: “Al proyecto de Policías Locales háganle todos los cambios que quieran, pero apruébenlo”. Hubo, dicen, una suerte de compromiso para acortar los tiempos de la discusión en las comisiones al menos en Diputados.

Se verá si ese gesto termina dándole al Ejecutivo una ley con la que aspira a sumar cerca de 15 mil efectivos a las tareas de prevención del delito en los distritos de más de 70 mil habitantes. Pero hay quienes creen que los reproches que surgieron desde el propio oficialismo a la labor policial podrían derivar en algún proyecto para acotar de alguna forma cierto margen de maniobra de los uniformados.

Ya se habla en algunos despachos del propio oficialismo en la Legislatura, de buscar alternativas para establecer una suerte de “control social” sobre la fuerza. Mientras tanto, Scioli aguarda el final de los paros docentes para retomar su agenda de campaña con recorridas por las provincias.

Algunas fuentes aventuran, incluso, que ese relanzamiento podría acarrear la llegada a su gabinete de un intendente del Conurbano, una alternativa que se barajó en diciembre y que finalmente no se concretó.(Fuente: EL DIA)