LA PLATA, Julio 10 (www.ArecoCiudad.com.ar) Un proyecto presentado por el diputado provincial del GEN, Jorge Santiago, obliga a las empresas de telefonía móvil que operan en territorio bonaerense, a que solo  puedan vender celulares liberados, compatibles con cualquier circuito integrado. Así, de prosperar la iniciativa, los usuarios dejarán de estar cautivos a la oferta de marca o modelo de la compañía con la que operan.

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), al igual que otras entidades, vienen sosteniendo desde hace años que “existe un vacío legal que les permite a las compañías telefónicas tener un cuadro tarifario no regulado, que va en constante aumento, sumado a que las inversiones que realizan estas empresas no se ven reflejadas en las prestaciones”.

Esta afirmación, que padecemos y conocemos los ciudadanos bonaerenses cotidianamente y con creces, fue tomada por el legislador Jorge Santiago para elaborar un proyecto que regule a la telefonía móvil.

Se trata de un proyecto de declaración dirigido al Ejecutivo provincial, para que lo eleve al nacional y su vez a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, y se instrumenten “las medidas necesarias para que las empresas de telefonía móvil sólo  puedan vender celulares liberados, compatibles con cualquier circuito integrado, conocido como chip, de todas las  compañías que operan en la Provincia”.

El uso de la telefonía celular se ha convertido en una herramienta de la vida cotidiana y laboral de los argentinos, indiscutiblemente.

“La Argentina -señala el escrito parlamentario- es uno de los países en donde la cantidad de teléfonos celulares es muy superior con relación al número de habitantes. Según el  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),  hay 62,5 millones de líneas móviles”.

Además de reconocer que en distintos ámbitos sociales el celular “es necesario e imprescindible”, Santiago aclara que la telefonía móvil “no ha sido declarada servicio público por el Congreso de la Nación, siendo solo un contrato privado, a diferencia de la telefonía fija que, con 9 millones de líneas, sí lo es. El ser declarado servicio público le permitiría al Estado intervenir directamente en su regulación”.

El representante por la oposición de los bonaerenses que habitan en la Segunda Sección, fundamenta la iniciativa en que “cada vez son más los usuarios que desean tener libertad a la hora de elegir su equipo móvil, sin tener que quedar adherido a la oferta –tanto en términos de marcas como de modelos específicos- de la compañía con la que operan. Por ello, optan por adquirir celulares liberados, lo cual les permite conservar el vínculo y utilizar el chip de la telefónica con la que venían trabajando, pero en el dispositivo de su elección. El hecho de optar por celulares liberados nuevos  implica que deban abonar un aumento en su compra”.

Tras poner en evidencia la extorsión comercial a la que son sometidos los usuarios, Santiago señala que “los celulares liberados son muy demandados por quienes ya disponen de un móvil y les fue hurtado, lo extraviaron o desean pasar a un equipo con mejores prestaciones y mayor tecnología. Esto les permite utilizar el chip de cualquier telefónica adherida al sistema de celulares libres, sin quedar cautivo de las ofertas de las compañías”.

En opinión del diputado Santiago, “es la CNC quien debe controlar y exigir un servicio de calidad, siendo su objetivo principal crear, administrar, gestionar, monitorear y controlar los servicios y sistemas de telecomunicaciones, plasmado en el decreto 1185/90 que le dio origen. Por otro lado, se viola el artículo 42 de la Constitución Nacional, que contempla que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la protección de intereses económicos”. (www.ArecoCiudad.com.ar)