Fuente: Agencia NOVA

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, informó que más de un centenar de personas eran sometidas a un severo régimen de explotación laboral en un establecimiento agropecuario del distrito bonaerense de San Andrés de Giles, según el resultado de un procedimiento realizado por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente de la cartera a su cargo, con intervención del juez federal de Mercedes, Rubén Echave, y efectivos de la Policía provincial.

El funcionario precisó que, según el relato de 29 de las víctimas, un total de 102 personas oriundas de la provincia de Misiones (47 de la localidad de Oberá y las otras 55 de Andresito) cumplían tareas en condiciones de absoluta precariedad en el campo “Berry Argentina”, perteneciente a la empresa Berry Argentina S.A.

“Estas personas estaban reducidas a la condición de esclavas, porque, según les contaron a los profesionales de nuestra Oficina de Rescate, las hacían dormir en carpas, las alimentaban muy precariamente, con lo cual pasaban hambre, y estaban privadas de su libertad, porque no les permitían salir del establecimiento por ninguna razón”, sostuvo Alak.

Y agregó: “Es aberrante que empresas importantes aumenten sus ganancias sometiendo a las personas a la humillación y a la degradación más escandalosas, pero para eso está el Estado: para no tolerar estas prácticas dignas de señores feudales y castigar a sus responsables con todo el peso de la ley”.

Las 29 víctimas entrevistadas relataron que levantaban la cosecha de arándanos por una remuneración de 200 pesos diarios, pero eran obligadas a llenar 16 cajas, objetivo que resultaba imposible de alcanzar pues apenas llegaban a cumplir la mitad de esa meta trabajando a destajo. Al término de cada jornada, un capataz pesaba la fruta levantada y, arbitrariamente, decidía cuánto les pagaba.

Los “trabajadores”, que habían llegado en dos grupos –uno el 23 de octubre, el otro hace una semana- habían sido reclutados en su provincia de origen para trabajar durante tres quincenas en la cosecha de arándanos, pero bajo la condición de que les descontarían el pasaje y la comida a quienes renunciaran antes de cumplir el plazo acordado.

Las personas explotadas refirieron que algunas de ellas ya habían realizado esta tarea para los mismos patrones en temporadas anteriores, pero que las condiciones habían empeorado notoriamente porque antes dormían en trailers y ahora, en carpas; que pasaban hambre y que no les permitían salir del establecimiento ni siquiera cuando alguna de ellas necesitaba atención médica.

Las víctimas entrevistadas refirieron que nunca firmaron ninguna documentación ni contrato de trabajo, aunque les entregaron recibos de sueldo al liquidarles la primera quincena.

Acompañadas y asistidas por el equipo de la Oficina de Rescate durante la declaración testimonial en sede policial, las víctimas fueron trasladadas a un refugio en la ciudad de La Plata, dependiente del Equipo de Asistencia a Víctimas del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en tanto que en la jornada serán trasladadas a su provincia de origen aquellas que deseaban retornar voluntariamente.

“En todos los relatos se verificaron indicadores de trata de personas, ya que hubo reclutamiento, traslado, transporte y explotación en el lugar de destino”, explicó Alak, que agregó: “Ninguna de las víctimas contaba con dinero al momento de las declaraciones y todas describieron condiciones infrahumanas de trabajo y alojamiento”.